Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

Invertir hoy en día en Birmania (Myanmar) se ha convertido en un arma de doble filo para los inversionistas extranjeros. Por una parte, las posibilidades de enriquecerse son enormes, debido a la falta de capitales extranjeros en la región y a la mano de obra proporcionada por el Estado a un precio muy por debajo de lo normal, o incluso como mano de obra esclava.

Sin embargo, por otra parte, se encuentra el problema de la credibilidad y de la imagen que los inversionistas presentes en Birmania, dan de ellos mismos. ¿Un consumidor preferirá los productos de una empresa instalada en Birmania, sabiendo las condiciones en que fueron fabricados, o en que la materia prima fue extraída?

Si bien es de todos sabido que multinacionales chinas operan indiscriminadamente en Birmania, hoy nos encontramos frente a dos empresas “occidentales” que se encuentran en el ojo del huracán debido a sus actuaciones en este país del sudeste asiático. Nos referimos específicamente a Total (Total Fina Elf) de nacionalidad francesa, y a la americana Chevron. Ambas empresas gastan millones de dólares en publicidad y en imagen, haciéndolas parecer paladines de la lucha contra el cambio climático y de la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. No obstante esa cara, una mucho más oscura se esconde en las selvas birmanas, donde la explotación del gas, más que un beneficio, se ha transformado en un verdadero calvario para las poblaciones aledañas, las que han sufrido en carne propia los abusos por parte de un régimen insensible que actúa en pos de su propia sustentación en el poder y que como consecuencia, otorga beneficios irracionales a los inversionistas.

Uno podría legítimamente preguntarse entonces, ¿de qué sirven los códigos de conducta que se autoimponen las multinacionales? Es cierto de que entre que los tengan y no los tengan, la primera alternativa es la mejor, sin embargo, si no existe un verdadero espíritu de cambio de parte de las propias empresas, poco o nada se puede hacer. Y ello, debido a que es muy difícil que el Estado de nacionalidad de las empresas intervenga; es cierto que ello ha ocurrido en contadas ocasiones, no obstante existen presiones políticas que impedirán, la mayor parte del tiempo, que se adopten sanciones en su contra o que derechamente se les impida ejercer su actividad en ciertos países. El caso más flagrante es el del ministerio de energía francés que consciente de la situación birmana, decidió no intervenir en el caso Total, por cuanto dicha empresa traslada el gas explotado en Birmania a todo el resto del sudeste asiático, lo que implicaría pérdidas millonarias.

Un caso menos comentado pero aún más descarado es el de la firma franco-norteamericana “Alcatel-Lucent”, la cual, según un informe realizado por Canal+ Francia, y emitido el día 26 de marzo de 2010, en su sitio web ni siquiera hace mención a Birmania como país en el cual invierte, pero al cual le proporcionó toda la indumentaria y la logística necesarias como para que el régimen militar controle y censure la información que circula por Internet, violando derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la libertad de información o la inviolabilidad de la vida privada.

Así las cosas, un inversionista debe pensarlo dos veces antes de acudir a un aparente “paraíso social” donde los réditos pueden ser enormes, pero el castigo social y el rechazo generalizado del público pueden llegar a ser aun más grandes.