En febrero del 2008, meses después del estallido de las hipotecas subprime que anunciaba un cataclismo en la economía occidental, los servicios de espionaje alemanes pagaron cinco millones de euros por un simple DVD robado en el banco LGT, propiedad de la familia principesca de Liechtenstein. El Gobierno de Angela Merkel consideró que la compra merecía la pena: el disco contenía un listado con un millar de ciudadanos alemanes que había evadido, según las primeras estimaciones, 4.000 millones de euros. Días después comenzaba un rosario de detenciones en Alemania y la canciller, irritada, amenazaba a Liechtenstein con vetar su entrada en el espacio Schengen -zona europea sin controles fronterizos- de no atajar el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.

La sangre no llegó al río y Liechtenstein, un microestado incrustado entre Austria y Suiza, pertenece hoy a la zona Schengen y sigue gozando de su privilegiado estatus . De menos superficie que el municipio de Silleda y con la mayor renta per cápita del mundo, el principado tiene 35.000 habitantes -un tercio, extranjeros- , cerca de 74.000 compañías registradas en el exiguo territorio y unas 75.000 fundaciones a cuyos patronos nadie les pregunta por su identidad. Su moneda es el franco suizo, su volumen de depósitos alcanza los 100.000 millones de euros -un 43 % más que los estimados para Chipre- y su hipertrofiado sector financiero aporta la tercera parte del PIB.

El imán perfecto

Lichtenstein reúne las dos condiciones que definen el modelo de paraíso fiscal: opacidad y bajos impuestos. Un imán perfecto para atraer capital financiero de origen inconfesable o que, simplemente, trata de eludir o de reducir el pago de impuestos. Pero junto a los casos de libro existe una amplia zona gris: una ristra de países y de territorios que comparten, en distinto grado, alguna de aquellas dos características. Desde lugares que practican y se benefician del dumpin tributario -«regímenes fiscales perjudiciales», según la terminología de la OCDE- hasta los que brindan el anonimato a dictadores, delincuentes o mafiosos que buscan refugio para su botín. Y en esa zona gris la frontera entre el paraíso offshore -islote para la deslocalización financiera- y el respetable centro de negocios financieros es difusa.

No existe un mapa del tesoro. Comenzó a trazarlo la OCDE a principios de siglo, por iniciativa del presidente Bill Clinton, y el primer boceto identificaba 35 paraísos fiscales, 47 áreas tributarias preferenciales y 15 países -entre ellos, Rusia e Israel- que facilitaban el lavado de dinero negro. Llegó Bush a la presidencia y dio carpetazo a la investigación. En cuanto a su magnitud, el FMI estimaba en el 2007, vísperas de la tormenta financiera, que los escondrijos fiscales albergaban la cuarta parte de la riqueza mundial: unos 11 billones de euros.

Después vino lo que vino. La desregulación financiera y la liberalización de los movimientos de capitales, en cuyo regazo habían crecido los paraísos fiscales, desembocaron en la brutal crisis financiera cuyos costes aún estamos pagando. Presos del pánico, los países más poderosos del mundo que integran el G-20 se reunieron en Londres, en abril del 2009, y declararon la guerra al secreto bancario. La munición verbal era de grueso calibre. El entonces director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, propuso utilizar la vía fiscal como «dinamita para acabar con los paraísos fiscales, como se hizo con Al Capone en los años treinta». Pero la guerra, como se demostraría a la postre, solo era de boquilla. Muchos de los enclaves supuestamente enemigos estaban resguardados bajo el paraguas de los allí presentes y de la propia City que los cobijaba.

En noviembre del 2011, en una cumbre del mismo club, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, era víctima de un espejismo: «Ya no estamos en el mismo mundo. Hay once paraísos fiscales, había varias decenas cuando empezamos en Londres». La lista de supervivientes que elaboró la cumbre provoca hilaridad. En la relación solo hay dos países europeos: Liechtenstein y Suiza. Ningún país de la Unión Europea: ni Luxemburgo, ni Malta, ni tampoco el ahora demonizado Chipre. Tampoco aparecen las cuevas de los países socios: ni las islas británicas del Canal o Gibraltar, ni las Antillas holandesas. Mucho menos la City londinense, núcleo de una red de paraísos fiscales que forman parte de la Corona británica, «un centro offshore más grande que ninguno», según Nicholas Shaxson, el autor de Treasure Islands. La lista negra ni siquiera incluía las islas Caimán o las Bermudas, pero sí a Panamá o Uruguay. Un plato cocinado para el paladar exquisito del G-20.

El mismo año del triunfalismo de Sarkozy, las inversiones financieras de la Unión Europea en paraísos fiscales multiplicaban por diez las del año precedente. 58.900 millones de euros en el 2011, 5.300 millones en el 2010. Y estos son datos oficiales publicados por Eurostat.

Muy poco después, la organización británica Tax Justice Network cifraba en más de 21 billones de dólares -unos 16,5 billones de euros-, un tercio del PIB mundial, los activos financieros ocultos en paraísos fiscales. Desde el comienzo de la crisis se había duplicado la cuantía. La estimación de Nicholas Shaxson va más allá: no menos de 30 billones de dólares -24 billones de euros, aproximadamente- constituyen el botín de la constelación de paraísos amamantados por la globalización financiera.

España y su lista negra

¿Cuáles son los centros offshore guarecidos bajo el paraguas europeo? Ya que la inclusión o no en la lista negra depende de la perspectiva, adoptemos la nuestra: la relación de 48 paraísos fiscales aprobada por real decreto del Gobierno español en 1991. En ese listado aparecen 18 paraísos europeos, los primeros que figuran en el estadillo de esta página. De esa docena y media, hay tres socios de la Unión Europea con los que España comparte moneda: Luxemburgo, Chipre y Malta. Cuatro microestados: Andorra, Mónaco, San Marino y Liechtenstein. Nueve satélites de la City londinense: las islas del Canal de la Mancha -Guernsey y otros islotes menores-, la isla de Man, Gibraltar y los seis territorios británicos de ultramar, es decir, el archipiélago de las Bermudas en el mar de los Sargazos y las islas del Caribe (Caimán, Vírgenes Británicas, Anguila, Montserrat, Turcas y Caicos). Y dos refugios caribeños donde ondea la bandera de los Países Bajos: Aruba y las Antillas Holandesas.

Esa relación merece, no obstante, un par de matizaciones. Algunos de esos países, tras suscribir con España acuerdos para intercambiar información fiscal -casi siempre en casos puntuales- ya no tienen «oficialmente» el estigma de paraísos fiscales a ojos de las autoridades españolas. Y algunas veces ha sido Bruselas la que presionó a España para que devolviera la honra a algunos socios del club europeo. A Chipre, por ejemplo, un caso que, a la luz de los últimos acontecimientos, suscita perplejidad.

Durante muchos años, España fue el único país de la Unión Europea que, basándose en el decreto de 1991, catalogaba a Chipre como paraíso fiscal. Y la Comisión Europea le propinó un tirón de orejas por discriminar a un Estado miembro: en el 2008 obligó al Gobierno español a modificar el impuesto de sociedades porque penalizaba los beneficios y reparto de dividendos de filiales españolas ubicadas en la isla mediterránea. No estaría de más que, por una vez, la troika pidiese perdón por la miopía.

La hipocresía política

La reprimenda a España por colocar el sambenito a Chipre pone de manifiesto la hipocresía política generada en torno a los centros offshore: son aceptados cuando conviene a los intereses nacionales y fustigados cuando los beneficios vuelan hacia otras latitudes. Como señala Juan Hernández Vigueras, en La Europa opaca de las finanzas, «todos los estados europeos reconocen la legalidad de las sociedades instrumentales, los fondos de inversión y las entidades domiciliadas en esas jurisdicciones especiales para no residentes e ideadas para ocultar la identidad de los titulares; aceptando la opacidad offshore como una ventaja competitiva y un valor añadido en las operaciones financieras».

Los ejemplos son abundantes. Los parlamentarios la Cámara de los Comunes probablemente conocen bien los tejemanejes de la City y los suculentos dividendos que proporciona a su país. Pero eso no obsta para que se escandalicen y llamen a capítulo a tres multinacionales que hacen el recorrido inverso. La primera, la cadena de cafeterías Starbucks, facturó 3.750 millones de euros a sus clientes británicos durante catorce años de actividad en la isla, pero solo pagó 10,75 millones de euros por el impuesto de sociedades: la mayor parte la tributaba en Holanda. La segunda, Google, alegó que su negocio en toda Europa operaba desde Irlanda, donde el impuesto de sociedades se limita a un modesto 12 %. La tercera, Amazon, adjudicaba sus ventas en Gran Bretaña -amazon.co.uk-, donde cuenta con 15.000 empleados, a su filial en Luxemburgo.

Tampoco es preciso atravesar el Canal de la Mancha para buscar ejemplos similares. Veintiuna de las 35 sociedades que integran el Ibex de la Bolsa de Madrid cuentan con 108 filiales o sociedades instrumentales en paraísos fiscales. El Banco de Santander encabeza el ránking, con 33, la mayoría de ellas registradas en territorio británico: islas Caimán, Bahamas, Jersey y Guernsey. La segunda en la tabla, Repsol YPF, conoce las islas Caimán como la palma de la mano: allí cuenta con doce de las trece filiales que tiene emplazadas en centros offshore. Quizá eso explica que solo pague impuestos en España por el 25 % de sus beneficios.