España y Portugal firmaron hoy un acuerdo que refuerza la coordinación entre ambos países en materia de lucha contra el fraude fiscal y supondrá el intercambio de datos de decenas de miles de empresas y particulares.

Así lo anunciaron en Lisboa el secretario de Estado de Hacienda español, Miguel Ferre, y su homólogo portugués, Paulo Nuncio, que subrayaron que este aumento del control a partir de 2014 beneficiará a los contribuyentes que cumplen con la legislación vigente y negaron que vaya a acarrear una mayor burocratización.

Tanto Ferre como Nuncio citaron el combate a la economía sumergida como uno de los objetivos de este nuevo acuerdo internacional, que, según diferentes estudios, representa en los dos países en torno a una cuarta parte de su Producto Interior Bruto (PIB).

En declaraciones a los periodistas, el dirigente español descartó que exista "una especial bolsa negra" en el flujo económico entre ambos lados de la frontera, pero insistió en que esta mejora de los procedimientos reportará beneficios.

"Esta operación va a tener resultados significativos en el futuro", apuntó por su parte el secretario de Estado luso, quien declinó cuantificar cuáles son las metas de recaudación establecidas con la firma de este nuevo memorando.

Los representantes de los dos gobiernos recordaron la "gran integración" de sus economías, lo que en su opinión hacía aconsejable un acuerdo de estas características.

De hecho, Portugal es el quinto destino más importante para las exportaciones españolas, mientras que España es para Portugal su principal socio comercial.

El compromiso hispano-luso introduce, en primer lugar, el intercambio de información en materia tributaria de forma automática sobre el cobro de impuestos directos (el IRPF entre ellos) e indirectos (como el IVA).

Las autoridades hispano-lusas otorgarán "una especial atención" a los casos sospechosos de fraude y evasión, así como a aquellas operaciones en que se utilicen paraísos fiscales.

Por primera vez, funcionarios de uno y otro país podrán además acompañar las inspecciones tributarias realizadas por sus homólogos del otro lado de la frontera.

El segundo punto de este acuerdo hace referencia específicamente a las regiones transfronterizas, donde se pretende garantizar "una mayor cooperación y agilización" a la hora de compartir información fiscal con el propósito de "intervenir de forma más rápida" en situaciones de evasión fiscal.

De esta forma, se pretende fiscalizar con mayor intensidad los ingresos de las compañías que trasladan su sede de uno a otro país así como a las empresas que "operan en sectores considerados de riesgo", como el del transporte de mercancías o la compra de bienes para la reventa.

Ferre aseguró que este control reforzado de los rendimientos que declaran ciudadanos y empresas con intereses en España y Portugal no implicará más "cargas adicionales" para los afectados debido a un mayor número de trámites burocráticos.

"Lo importante de este acuerdo es su valor potencial, el nivel de integración económica es altísimo y debe seguir aumentando, pero cumpliendo la normativa. De esta forma colocamos en condiciones más justas a quienes operan legalmente", defendió.