Tema

Tras unos años de frenada por la crisis económica, la inmigración hacia España vuelve a adquirir una notable intensidad.

Resumen

Los inmigrantes representan ya un 14% de la población española y la quinta parte de la población de entre 25 y 49 años. Su aumento reciente se debe a la recuperación del mercado de trabajo pese a que el paro sigue siendo mayor entre los inmigrantes. Sólo una pequeña parte de ese aumento se debe a la inmigración que llega a través de pateras o del cruce irregular en Ceuta y Melilla.

Análisis

Tras un período de intenso crecimiento de la migración hacia España, en el que el país recibió un saldo neto de más de 6 millones de migrantes, la crisis económica produjo, con retraso de varios años, un descenso en las llegadas de inmigrantes y un aumento de su retorno a los países de origen o su traslado a terceros países, a la vez que provocaba un aumento de la salida de jóvenes autóctonos españoles. En conjunto, en comparación con el movimiento previo de entrada, este período en que el país experimentó un saldo migratorio negativo fue pequeño tanto en volumen como en duración, aunque existen dudas fundadas sobre su reflejo en los actos administrativos (registro padronal) que nutren las estadísticas migratorias nacionales.¹ El descenso afectó a menos del 10% de los inmigrantes residentes en España y su duración se limitó a los años 2012 a 2016. Desde 2017, España recuperó saldos migratorios positivos (inmigraron más personas que las que emigraron), en un proceso que está indudablemente unido a la recuperación de la creación de empleo.

Esta evolución positiva del mercado de trabajo explica también la reducción de la emigración de españoles. En continuación de la tendencia detectada en los años anteriores, el saldo pasó a ser en 2018 casi neutro, en concreto de -1.700 personas en el primer semestre de 2018. Buena parte de los que emigran desde España con nacionalidad española son inmigrantes nacionalizados, muchos de ellos acompañados por sus hijos nacidos ya en España que han obtenido la nacionalidad española.

Los datos más recientes, los provisionales del INE con fecha 1 de julio de 2018, muestran un saldo migratorio positivo en el primer semestre de 2018 que multiplica por 2,3 el del mismo período del año anterior, en concreto, un saldo de 122.000 frente a los 53.000 del primer semestre de 2017. Suponiendo que el segundo semestre haya tenido un comportamiento semejante al primero –los datos definitivos no están aún publicados–, esto implicaría un saldo positivo total en 2018 de 244.000 personas migrantes (de nacionalidad extranjera). El cambio es el resultado de un aumento de las entradas (un 23% más) y una disminución de las salidas (un 16% menos), y supone un retorno a la fase de intensa recepción de inmigrantes. En conjunto, los inmigrantes (definidos por su origen y no por su acceso a la nacionalidad española) representan ya un 14% de la población total, la quinta parte (el 21%) de la población de entre 16 y 44 años y casi la cuarta parte (el 24%) en el grupo de edad de 30 a 34 años.

Por orígenes, destaca el aumento en los últimos años de la población marroquí, que antes de la crisis tenía un tamaño semejante al de la rumana, pero que ahora la supera claramente.

No está claro a través de qué mecanismos legales se produce la entrada de esta nueva ola de inmigración. La inmigración irregular detectada en frontera (de la que se habla más adelante) supone sólo una parte pequeña de ese aumento de las llegadas, mientras que, por otro lado, no se han abierto nuevos canales de inmigración legal. En concreto, el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura que, en teoría, debería ser la principal vía legal para la llegada de inmigración regular, tiene, desde la crisis, un listado muy estrecho de profesiones para las que estaría justificada la llegada de nuevos inmigrantes. Supuestamente los nuevos migrantes laborales deberían llegar sólo a esas actividades. En la actualidad, en el Catálogo constan únicamente oficios relacionados con la marina, el deporte profesional y muy poco más, lo que muestra que no está cumpliendo el papel que se le asignó en su creación en 2004. Pero si la nueva migración no utiliza la vía del Catálogo,² ¿cuál es la vía de entrada? En el caso de la inmigración comunitaria, que representa un 28% del total de la población inmigrante, el derecho a la libertad de movimiento y residencia facilita esa migración, aunque existen restricciones administrativas destinadas a asegurar que los inmigrantes comunitarios cuenten con medios de vida en el país.

La vía de la reagrupación familiar puede explicar una parte del aumento en el número total de inmigrantes. Durante el año 2017 se concedieron un total de 65.000 nuevos permisos de residencia a inmigrantes no comunitarios y la mitad de ellos (33.000) corresponden a reagrupaciones familiares. Mucho más numerosa es la entrada por la vía de la reagrupación familiar con ciudadanos comunitarios (en su mayoría anteriores migrantes ya nacionalizados), que afectó a casi 100.000 personas en 2017. Pero, junto a esto, puede estar repitiéndose la situación vivida antes de la regulación extraordinaria de 2005, es decir, un flujo importante de entradas por vías irregulares, sobre todo como turistas que sobrepasan el período de estancia máxima (tres meses). De hecho, la comparación entre los datos del Padrón (extranjeros empadronados no comunitarios) y los del Ministerio de Interior (permisos de residencia en el Régimen General, el que se aplica a los no comunitarios) muestran un desfase de más de 600.000 personas.

Esto no implica necesariamente que, como se deduciría de estos datos, casi uno de cada cuatro inmigrantes no comunitarios se encuentre en España de forma irregular. Es posible que el número de inmigrantes empadronados sobrestime su cifra real: hay evidencia de este tipo en lo que respecta al mayor grupo, el formado por los inmigrantes marroquíes. En este caso, por ejemplo, el número de niños y adolescentes de nacionalidad marroquí cursando estudios obligatorios (Primaria y ESO) es la mitad que el número de niños entre cinco y 14 años de esa nacionalidad empadronados en España. Puesto que no hay ningún indicio de inasistencia escolar masiva de niños marroquíes en esas edades, este desajuste sólo puede significar que su registro padronal no corresponde con su estancia real en España. Algo semejante puede estar ocurriendo con otros grupos de inmigrantes, que podrían estar esforzándose por mantener su registro padronal (renovándolo cada dos años) pese a no vivir en España, con el objetivo de mantener su derecho a una regularización futura. En cualquier caso, esta diferencia de 600.000 personas resulta preocupante y exige mayor investigación.

Respecto a los migrantes de origen comunitario, el número de permisos de residencia en vigor (3.124.950) es mucho mayor que el de extranjeros nacionales de la UE empadronados en la misma fecha (1.983.780),³ lo que implica que más de un millón de ciudadanos comunitarios han obtenido un permiso de residencia en España que ya no usan, quizá porque la situación económica en sus países ha mejorado o quizá porque, como ocurre con los británicos, el temor al Brexit y la pérdida de su capacidad adquisitiva por la devaluación de la libra impulsa a algunos a volver a su país. En este desajuste destacan los rumanos: el número de permisos (1.030.000) casi duplica el de empadronados (585.000).

Un elemento que añade confusión al paisaje de las cifras es la decisión tomada en julio del 2018 de no exigir el empadronamiento a los inmigrantes para acceder a la sanidad pública. Sin este incentivo (el acceso a la sanidad), es probable que muchos inmigrantes no den el paso de acudir al registro municipal (empadronarse es un trámite gratuito) o no se molesten en renovar su inscripción padronal, lo que disminuye la verosimilitud de las estadísticas de población. Esto no sólo afecta al Padrón sino a otras fuentes de gran importancia que se basan en él, como la Encuesta de Población Activa.

La inmigración extracomunitaria que ha llegado a España en las últimas dos décadas es básicamente económica y de primera generación, formada por adultos jóvenes en busca de un empleo, pero en este período se ha formado ya una segunda generación de hijos de migrantes (nacidos en España o a su vez inmigrados en su infancia o adolescencia) cuyo éxito profesional será la clave de su integración social. Resulta imposible evaluar con precisión el tamaño de esta segunda generación de migrantes: los nacidos en España, especialmente los latinoamericanos, adquieren muy pronto la nacionalidad española y su volumen resulta indetectable en las estadísticas de población. Tampoco las estadísticas educativas permiten estimar su tamaño, salvo en el caso de los niños o adolescentes que mantienen la nacionalidad de origen propia o de sus padres.

Respecto a sus resultados educativos, el informe PISA, que evalúa en los países de la OCDE los niveles de conocimiento y destrezas de los adolescentes de 15 años, en España no diferencia resultados en función del origen de los padres, de modo que los hijos de británicos, franceses, senegaleses o ecuatorianos aparecen en un solo grupo, y eso hace imposible detectar dificultades específicas y afinar el diagnóstico. A pesar de esto, existen indicios que hacen temer por la futura integración laboral de las segundas generaciones de inmigrantes: algunos estudios muestran que su tasa de abandono escolar es mucho más alta que la de los españoles autóctonos y que sus aspiraciones formativas son más bajas. En concreto, el abandono escolar es el doble entre los adolescentes nacidos fuera de España (33%) que entre los nacidos en España (16%). El abandono es intenso especialmente entre los adolescentes masculinos extranjeros:⁴ un 41,5% dejó sus estudios sin completar la ESO o sin seguir después de ella en Formación Profesional o Bachillerato.⁵ Estos datos resultan preocupantes porque todas las evidencias muestran que el paro en España, como en Europa en general, se concentra en los varones de menor cualificación, un grupo al que se verían abocados estos migrantes de segunda generación que han abandonado los estudios. Por otro lado, la experiencia de los países europeos con historias migratorias más antiguas que la española señalan que la integración de las segundas y siguientes generaciones es más compleja que la integración de la primera porque las expectativas de sus miembros son diferentes y porque el tipo de empleo que permitió la ocupación de la primera generación puede haber desaparecido cuando la segunda llega a la edad activa. Desde que España se convirtió en un país de inmigración (aproximadamente desde finales del siglo pasado), el paro ha sido mayor entre los inmigrantes que entre los autóctonos por diversas razones (su formación, sus redes sociales, la preferencia de las empresas en igualdad de condiciones…), pero los resultados educativos actuales indican un peligro de que esta desigualdad se acentúe en el corto y medio plazo, lo que a su vez podría alimentar el rechazo social hacia la población inmigrante.

Pese al aumento sustancial de la migración que llega por vías regulares –como la que entra con un visado de turista, aunque parte de ella se convierta después en irregular– el foco de los medios de comunicación está puesto en el flujo mucho menor de inmigrantes que llegan de forma irregular a través del Mediterráneo o saltando las vallas de Ceuta y Melilla, un flujo que ha tenido importantes consecuencias en la opinión pública y en la política interna. La llamada “ruta occidental” del Mediterráneo, la que se dirige a España, se ha convertido en el principal canal de entrada a la UE de migración irregular detectada en frontera. Las cifras de 2018 (65.000 llegados por mar o a través de Ceuta y Melilla) son las mayores en la historia contemporánea de España, muy superiores a las que causaron el anterior pico en el volumen de entrada irregular en 2005 y 2006 (llegadas a Canarias y a Ceuta y Melilla). En términos europeos esta llegada de 65.000 personas en un año es una cifra pequeña cuando se compara con los flujos de entrada irregular en Grecia o Italia en años anteriores (2015 a 2017), pero eso no disminuye la alarma que provoca tanto en España como en la UE.

En contra de lo que podría pensarse, el aumento de las llegadas a España no es consecuencia del cierre de la vía libia hacia Italia: los orígenes nacionales de los inmigrantes son diferentes, con predominio en el caso español de los provenientes del Magreb y especialmente de Marruecos. La causa de este aumento de llegadas desde Marruecos parece ser el resultado de varios elementos: el anuncio reciente de la reimplantación del servicio militar obligatorio, la fuerte sequía de 2017, la represión de las protestas en la zona del Rif y la creciente frustración de las expectativas de la juventud. Por otra parte, el hecho de que gran parte de la inmigración irregular llegada por mar proceda de Marruecos y Argelia facilita la gestión de España gracias a los acuerdos de devolución con ambos países (aunque no siempre funcionen perfectamente). No ocurre lo mismo con los que proceden de países subsaharianos (el grueso de los que llegan por Ceuta y Melilla y parte de los llegados por mar), ante los cuales España se encuentra con el mismo problema que frena el control de los flujos migratorios en toda Europa, la escasez de acuerdos de readmisión con sus países de origen.

Especialmente difícil resulta la gestión en relación con los menores inmigrantes no acompañados (MENA), que no pueden ser devueltos salvo en condiciones de máximas garantías respecto a su acogida en origen. España atendía a finales del 2018 a unos 11.000 MENA, el 70% de ellos marroquíes, y su atención ha causado la saturación de los centros dedicados a su atención y problemas de gestión política en la relación entre las diferentes administraciones (local, autonómica y central). Por otra parte, los servicios españoles implicados en este proceso de recepción de los MENA son muy conscientes de que buena parte de este flujo de llegada de menores de edad no acompañados es consecuencia de decisiones tomadas por familias magrebíes que optan por enviar a sus hijos adolescentes a España, con los que se mantienen en contacto.⁶ No se trata, por tanto, en estos casos de menores abandonados sino de una migración económica que responde a estrategias familiares.

En cuanto al asilo o refugio, ésta ha sido siempre en España una vía de muy poco peso en el conjunto de las entradas de inmigrantes, al contrario de lo que ocurría en algunos otros países europeos, como Suecia, donde el asilo era la principal puerta de llegada. Tradicionalmente, España ha recibido pocas solicitudes de asilo, por varios motivos: en primer lugar porque durante años era más fácil entrar como inmigrante irregular y esperar a la regularización posterior; en el segundo, porque España hacía muy difícil la presentación de solicitudes y tenía una tasa muy baja de aceptación de las que lograban presentarse; y, en tercer lugar, porque estas prácticas han impedido la formación en España de grupos de refugiados de los países principales emisores, que a su vez actúan como foco de atracción de nuevos refugiados. A esto se añade la alta tasa de desempleo entre los inmigrantes en España, otro factor que contribuye a hacer poco atractivo el país como destino para los refugiados.

Esta situación ha cambiado en algunos de sus rasgos en los últimos años: durante el año 2018, España recibió 54.000 solicitudes de asilo (es el quinto país de Europa por la cifra de solicitudes, por debajo de Alemania, Francia, Grecia e Italia) mientras que carece por ahora de los recursos humanos y administrativos necesarios para gestionar este volumen de solicitudes. Entre los demandantes de asilo destacan los venezolanos (un 35% del total), cuya huida del país se ha dirigido sobre todo a Colombia, Perú, EEUU y España. Sus solicitudes de asilo en España están siendo rechazadas en la mayoría de los casos, aunque a muchos de ellos se les está concediendo un permiso de residencia temporal por razones humanitarias. Por otra parte, buena parte de los venezolanos que han inmigrado durante 2018 no necesitan pedir asilo ni permiso de residencia porque proceden de familias españolas que emigraron a Venezuela en el pasado y han mantenido la nacionalidad española.

El proceso de la solicitud y concesión de asilo en España es extraordinariamente lento por la escasez de funcionarios dedicados a ello, hasta el punto de que el solicitante debe esperar muchos meses –hasta más de un año– para presentar su solicitud y después un par de años más para recibir una respuesta. En esa espera muchos demandantes agotan el período de percepción de ayudas públicas. Por otra parte, esa dilatación permite la estancia legal en España a muchos inmigrantes económicos que optan por solicitar el asilo sabiendo que no reúnen las condiciones para conseguirlo. Para evitar estos retrasos, que a finales de 2018 habían causado ya una acumulación de 78.000 expedientes sin resolver, el Ministerio del Interior anunció a finales de 2018 un plan para dotar muchas más plazas de empleados públicos dedicados a este proceso, un plan que se propone triplicar la capacidad de gestión del asilo.

Conclusiones

España ha entrado en una nueva fase de crecimiento de la inmigración, tras un breve período de saldos migratorios negativos, que se debe en parte a la recuperación del empleo y en parte a la reagrupación familiar de los que inmigraron antes. Pese a esta recuperación del empleo, el paro entre los extranjeros (21%) sigue siendo notablemente más alto que entre los españoles (14%). Como ocurrió ya en los primeros años 2000, la atención mediática se centra en la inmigración que llega de forma irregular y se detecta en frontera (65.000 personas en 2018), pero el gran crecimiento de la inmigración se produce mediante cruces legales de frontera, aunque parte de ella se convierta después en irregular. Resulta cada vez más dudosa la fiabilidad de los datos de población inmigrante: en el caso de la inmigración procedente de países comunitarios, el número de permisos de residencia es muy superior al de empadronados. En el de la inmigración extracomunitaria ocurre lo contrario, lo que podría indicar volúmenes relevantes de inmigrantes en situación irregular. La supresión de la exigencia de empadronamiento para el acceso a la sanidad pública añade confusión al panorama estadístico. En conjunto, los inmigrantes (definidos como nacidos fuera de España, es decir, al margen de si han accedido o no a la nacionalidad española) son ya una séptima parte de la población total, y un 22% de la población en los grupos centrales de actividad laboral (entre 25 y 49 años). La muy alta tasa de abandono escolar temprano de los adolescentes inmigrantes es un dato preocupante en un contexto de paulatina disminución de los puestos de trabajo que exigen poca o ninguna cualificación.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal, Real Instituto Elcano | @rielcano