Así es como Trump pretende evitar que la inmigración legal se convierta en una "carga pública"

El Gobierno de Donald Trump ha cargado una vez más contra los inmigrantes, pero esta vez lo ha hecho atentando contra su estabilidad en el país. Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció este 12 de agosto una nueva normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a inmigrantes si las autoridades consideran que estos se han convertido en una "carga pública" para el país.

Según informó el funcionario, de ser aprobada la nueva normativa, cualquier inmigrante legal que viva en el país será calificado como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período total de 36 meses. Cuccinelli especificó que "en el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses".

Los beneficios a los que hace referencia la Administración Trump incluyen asistencia alimentaria, bonos de ayuda para vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros. "Nuestra normativa evita que los extranjeros que pueden convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una 'green card (permiso de residencia permanente)'", indicó Cuccinelli.

De llegar a aplicarse, esta nueva norma disminuiría la cantidad de inmigrantes legales a quienes se les permita ingresar y residir en el país, puesto que la nueva regulación facilitaría el mecanismo para rechazar las solicitudes de los permisos de residencia permanente así como diversos tipos de visa.

De esta manera las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse o se ha convertido en una "carga pública" para la Administración. Dadas estas condiciones, las autoridades podrían cancelar su estatus migratorio legal y forzar su salida país.

Según Cuccinelli, "a través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito en Estados Unidos".

La medida no afectará a refugiados y víctimas de violencia o tráfico de personas

Así las cosas, un inmigrante que posea una tarjeta de residencia permanente legal o de algún tipo de visa podría verse afectado si se comprueba que no puede mantenerse económicamente por sí mismo y para poder subsistir recibe constantemente ayudas públicas.

El Gobierno ha sido enfático en aclarar que la medida, que se prevé que entre en vigor a partir del próximo 15 de octubre, no afectará a personas en situación de refugiados, demandantes de asilo y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residan en EE. UU.

La medida también le servirá a las autoridades migratorias para evaluar los casos de los solicitantes, para determinar la concesión o negación de una visa, al poder determinar si el inmigrante solicitante es ya una carga pública o potencialmente puede convertirse en una debido a su precaria situación económica.

Tras la noticia, múltiples organizaciones de derechos humanos han denunciado que la normativa discriminará a los inmigrantes de los países más pobres, separará familias, fomentará la permanencia ilegal en el país y llevará a aquellos que cuentan con una residencia legal a rechazar ayudas sociales que en muchos casos son indispensables para su subsistir.

Sin embargo, la implementación de la normativa podría retrasarse o incluso anularse definitivamente si la Justicia estadounidense así lo considera. Se espera que en las próximas semanas la regulación anunciada reciba múltiples demandas legales.

Este último anuncio se enmarca en el discurso de mano dura de Donald Trump en materia migratoria, una estrategia con la que el magnate ha apelado a su base de votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2020 y en las que el mandatario busca ser reelegido.

Con EFE y Reuters